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Esta legislación es la consecuencia del fuerte apetito existente en todo el espectro político para que el gobierno de EE.UU. vuelva a comprometerse con la base industrial del país, poniendo fin a décadas de disminución de la inversión federal en I+D. Las medidas suponen también un audaz impulso de la política industrial, que implica intervenciones gubernamentales decididas para favorecer el crecimiento de determinadas industrias o tecnologías. Entre estas apuestas están la defensa de empresas tecnológicas nacionales críticas como la producción de chips frente a la amenaza de China, o no perder la carrera mundial en áreas como la IA y la computación cuántica, así como la creación de empleos verdes y esfuerzos para hacer frente al cambio climático.

Estas acciones son, en definitiva, el reflejo de cómo el Gobierno estadounidense está replanteándose el papel del Estado en el impulso del crecimiento económico y la prosperidad, apostando por “la importancia de fusionar la estrategia de innovación con la política industrial».

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